Después de leer la sentencia que declaró culpable al ex presidente Fujimori y los debates sobre esta, me parece importante intentar no caer ni en una lógica de defensa a rajatabla ni en un intento de desacreditarla, al margen de su contenido.
Si uno busca en la sentencia “pruebas sólidas” (como lo hacen Federico Salazar o José Luis Sardón en sus últimas columnas), de que Fujimori creó y dirigió el grupo Colina, o que ordenó personalmente las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en efecto, no las va a encontrar. Si uno lee el fallo buscando vínculos directos entre Fujimori y estos crímenes, encontrará, me parece, un documento con lagunas e inferencias arriesgadas.
Sin embargo, lo central de la justificación de la sentencia no sigue ese camino. Ella se muestra muy sólida si es que uno sigue su lógica de razonamiento, que simplificándola, sería algo así: Fujimori gobernó concentrando autoritariamente el poder; la estrategia contra subversiva era una de sus preocupaciones centrales; su estrategia dio desmedido protagonismo a los aparatos de inteligencia, y a Montesinos y Hermoza, en particular; Montesinos diseñó una estrategia con un componente “público” (“soldado amigo”, respeto a los Derechos Humanos), y uno clandestino, de asesinatos selectivos, a cargo del grupo Colina.
El funcionamiento de este grupo requirió un gran despliegue organizativo dentro de las estructuras del Ejército, que no podía ser ajeno al conocimiento del presidente. Además, este grupo funcionó entre agosto de 1991 y finales de 1992, y llevó a cabo once acciones, asesinando a cuando menos 49 personas. Todos esos casos fueron de conocimiento público, y la actitud de Fujimori fue siempre la de defender a los responsables, ocultar, distorsionar los hechos. Su actitud es la de quien avala estas acciones, que no podrían haber ocurrido en contra de su voluntad, lo que muestra que eran parte de una estrategia aprobada por él en su calidad de Jefe. En otras palabras, no es que Fujimori haya ordenado matar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, es que esos asesinatos se dieron en el marco de una estrategia aprobada, avalada, defendida por él.
Para que el alegato de inocencia de Fujimori tuviera alguna credibilidad, por lo menos debió descargar la responsabilidad en Montesinos, Hermoza o Salazar Monroe. No siguió ese camino, ya sea porque César Nakazaki era también abogado de los dos últimos (como han señalado Ricardo Vásquez y Enrique Zileri), o porque no le convenía “ventilar los trapos sucios” e iniciar una guerra de acusaciones recíprocas. Otra estrategia hubiera sido, como lo ha sugerido con gran cinismo (compartido por muchos fujimoristas) en más de una ocasión Uri Ben Schmuel desde el diario La Razón, “... en vez de hacer sumas y restas sobre meses o años más o menos en prisión, Fujimori debería decir lo que todos saben pero callan hipócritamente: para lograr la paz se tenía que pagar una cuota de sangre”. Sin embargo, este intento de justificación política implicaba reconocer abiertamente su responsabilidad penal.
* Artículo reproducido de Virtù e Fortuna (Blog de Martín Tanaka: http://martintanaka.blogspot.com/), con el permiso del autor para su publicación en la web Discover Nikkei (Convenio Fundación San Marcos). Fue publicado por el Diario La República de Lima el martes 14 de abril de 2009.
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