El 14 de junio de 2011 quedará grabado, sin duda, en los anales de la historia peruana pues ese día el presidente de la República, Alan García Pérez, encarnando a la Nación, hizo una reparación histórica para reivindicar a los japoneses y peruanos de ascendencia japonesa que fueron víctimas de los atropellos del gobierno peruano durante la II Guerra Mundial.

Saqueo en fábrica de gaseosas del Sr. Tanaka. (Foto: Archivo del Museo de la Inmigración Japonesa al Perú “Carlos Chiyoteru Hiraoka”)

Era la primera vez que un Jefe de Estado peruano pedía perdón por ese vergonzoso atentado contra los derechos humanos de los nikkei, ocurrido hace siete décadas, como 30 años atrás lo habían hecho también los presidentes norteamericanos Ronald Reagan, Gerard Ford y Bill Clinton respecto a los 110 mil japoneses y norteamericanos de origen japonés que fueron confinados en los campos de concentración.

Alan García cumple así un rol histórico y sin duda será recordado como uno de los mandatarios que más hizo por afianzar las relaciones peruano japonesas, y el que más consideración tiene por la comunidad peruano japonesa, reconociendo en los nikkei a peruanos comprometidos con el desarrollo y engrandecimiento del Perú.

El perdón era necesario pues constituía una herida que se mantenía abierta en los corazones de los nikkei y porque comprometía al Estado peruano en un atropello inadmisible, solo porque se consideraba que era delito tener apellido japonés y ojos rasgados.

Como se sabe, en el Perú se cometió toda clase de abusos en contra de los japoneses. El gobierno peruano elaboró una “lista negra” y de ella seleccionó a 1.771 japoneses y peruanos descendientes de estos, que fueron confinados en campos de concentración ubicados en diversos estados como California, Texas, Utah, Idaho, Wyoming, Colorado y Arkansas. Pero no solo se confinó allí a los japoneses provenientes del Perú sino también a 110.000 japoneses y norteamericanos de origen japonés que residían en Estados Unidos, más otros cientos que provenían de Canadá y otros 12 países latinoamericanos.

Equipo de béisbol Cristal Dragon formado en el campo de concentración de Cristal City. (Foto: Archivo personal de Yuriko Mishima de Tanaka)

Como anotaba en 1955 el escritor norteamericano Albert Q. Maisel, en su libro Los que se quedaron:

“Hace apenas quince años, 72.000 norteamericanos –y 38.000 parientes suyos, inmigrantes– fueron obligados a abandonar sus hogares de la costa occidental del país, para ser confinados en campos construidos de improviso, desiertos y rodeados de alambradas. No se les acusaba de ningún crimen, no se les había juzgado por ningún tribunal. Se les condenaba porque podían ser espías o saboteadores y la única prueba en su contra era su origen. Las tensiones y los temores surgidos del pánico de una guerra desesperada y cruel, dieron lugar a que los japoneses que vivían entre nosotros fueran detenidos en masa, de una manera nunca vista antes en nuestra historia”.

En Estados Unidos, como en el Perú, el prejuicio jugó también un papel importante. Casi con las mismas palabras, como respondiendo a un mismo libreto, corrió el rumor –infundado, por cierto– de que los japoneses invadirían las costas occidentales de América, y entonces todo cambió. A los nikkei peruanos se les acusaba de tener 30 mil fusiles, 8 mil ametralladoras y hasta un avión. Maisel agrega:

“Las personas que habían sido amables con los issei y los nisei dejaron de frecuentar su trato, temiendo ser víctimas de la violencia del populacho, si la invasión se producía realmente como se perfilaba en los rumores populares. Otros sentían que había una fuerte ‘quinta columna’ infiltrada entre los japoneses de esa zona esperando solamente que el ataque empezase. El mismo hecho de que no hubiera ningún sabotaje, ni en Hawái ni en la costa, hacía pensar paradójicamente que pronto podría ocurrir; las organizaciones y los periódicos que habían llevado la campaña contra la inmigración japonesa y la compra de tierras exigieron violentamente la inmediata evacuación de todos los hombres que tuvieran origen japonés, de la costa occidental: nisei e issei por igual. Las voces moderadas que pedían tolerancia –y hubo muchas– fueron ahogadas entre gritos cada vez más destemplados de los que exigían una acción rigurosa”.

En el Perú no solo detuvieron a los japoneses y a los hijos de estos que eran peruanos, y los llevaron a los campos de concentración en los Estados Unidos, sino que los negocios de los japoneses fueron saqueados, además de que el gobierno peruano congeló las cuentas bancarias, confiscó una decena de colegios, los obligó a transferir sus negocios a peruanos y cuando los japoneses los transfirieron a sus hijos, que eran peruanos, las nacionalidades de estos fueron anuladas.

Tienda japonesa saqueada en 1940. (Foto: Archivo del Museo de la Inmigración Japonesa al Perú “Carlos Chiyoteru Hiraoka”)

Los japoneses deportados de 13 países latinoamericanos sumaron 2.118. De ellos, 1.771 procedían del Perú, es decir, el 83 por ciento.

Por eso, porque todo cuanto hizo el gobierno peruano de entonces constituía un atropello a los derechos humanos fundamentales, el presidente Alan García ha pedido perdón para restañar heridas y construir un país sin resentimientos, sin odios, para “mirar el futuro después de haber reconciliado nuestros espíritus”.

El peruano Oscar Schiappa-Pietra, catedrático del Washington College of Law, de la American University, reclamaba hace más de diez años:

“Debemos pedir perdón –como sociedad, como integrantes de la comunidad internacional– porque se trata de un episodio que nunca debió ocurrir, que causó irreversibles padecimientos a quienes debieron soportarlo, y porque histórica y moralmente cargamos responsabilidad solidaria en su ocurrencia. Mas, debemos pedir perdón también porque al reconocer esa deuda, avanzamos como sociedad en regenerarnos espiritualmente, y en empezar a entender que la racionalidad democrática se funda en la tolerancia, en el respeto y –en circunstancias últimas– en el arrepentimiento y la consiguiente reconciliación. Esta deuda es una entre muchas otras que preferimos enclaustrar en nuestra amnesia colectiva, eternizando así la guerra sin cuartel que libramos contra nosotros mismos. Y tal actitud nos impide avanzar hacia constituirnos en sociedad sana, estable, con ganas de futuro. Pedir perdón constituye una forma concreta de combatir la cultura del abuso y de la impunidad, tan asentada en todas las esferas de nuestra existencia social”.

Alan García ha reparado una injusticia en ese sentido y debemos rendirle homenaje por ese gesto que lo enaltece, al igual que rendimos honores a todos los japoneses y peruanos de ascendencia japonesa que sufrieron esos atropellos y en especial a quienes, hasta hoy, luchan contra el gobierno norteamericano para que les otorguen la reparación económica que les corresponde, sin discriminación alguna. Entre ellos mencionamos a:

Takashi Funatsu, Kishiro Hayashi, Yukie de Hayashi, Tomás Hayashi, Setsuko Toyama de Hashimoto, Lucen Hashimoto de Grace, Julio Ikeda, Máximo Ikeda, Alberto Ikeda, Hikozo Izumi, Masako de Izumi, Augusto Izumi, Enrique Izumi, Augusto Kague, Sumie Kague de Velazco, Kiyoko Kakutani, Arturo Kakutani, Mery Kakutani, Raymundo Kitsutani, Luis Kitsutani, Georde Kitsutani, Lola Matsukawa de Monsalves, Rosa Ikeda de Matsukawa, Yoshie Nakao, Keiko Nakao, Reiko Nakao de Miyazaki, Sachiko Ohara, Víctor Ohara, Tomiko Ohara de Okabe, Miwako Ohara de Barrera, Miyoko Mishima de Sakata, Naeko Yakabi de Tamashiro, Yuriko Mishima de Tanaka,  Humberto Tochio, Teresa Tochio de Tanaka, Carmen Tochio de Tomita, Hisako Noji de Watanabe, Mistuko Noji de Watanabe, Germán Yaki Hishii, Isabel Kazuko Oyama y Ana María Shizuko Oyama.

* Este artículo se publica gracias al convenio entre la Asociación Peruano Japonesa (APJ) y el Proyecto Discover Nikkei. Artículo publicado originalmente en la revista Kaikan Nº 57, junio de 2011 y adaptado para Discover Nikkei.

© 2011 Alejando Sakuda; © 2011 Fotos: Asociación Peruano Japonesa