En el siglo XX, el único antecedente de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es el juicio al también ex mandatario Augusto B. Leguía, quien gobernó el Perú dos veces, siendo su período más prolongado y problemático el de 1919 - 1930. Pero, Leguía no fue sentenciado, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se leyera sentencia alguna, ni condena ni absolución. Al cabo de ese lapso, Leguía murió en prisión y formalmente el juicio fue sobreseído. No obstante la trascendencia política del “oncenio” - como es conocido su importante gobierno durante los años veinte - el juicio a Leguía no influyó en la vida política peruana de las décadas siguientes, no fue ejemplar ni sirvió para mejorar los procedimientos políticos en el país. Padeció de tantos yerros que sus posibles lecciones se esfumaron.

En su alegato final, el abogado de Leguía, doctor Alfonso Benavides Loredo, argumentó tres puntos esenciales. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal de Sanción era ilegítimo, basándose en que no respetaba el principio del juez natural. Es decir, no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un ex presidente. Por el contrario, se había creado un tribunal ad hoc integrado por notorios enemigos del régimen caído. En este sentido, Benavides argumentó que el tribunal mismo era ilegal.

En segundo lugar, el letrado defensor de Leguía argumentó que el ex presidente era pobre, sostuvo que carecía de recursos económicos. Presentó pruebas y expuso cómo su defendido se había empobrecido en el cargo. Entró solvente y salió sin un centavo. En este término, Benavides argumentó que no había pie para la acusación de enriquecimiento ilegítimo, pues el ex presidente, por el contrario, había puesto su fortuna personal al servicio del país.

Finalmente, Benavides hizo un deslinde entre el ex presidente y sus hijos y sus ministros. Sostuvo que quizá ellos habían robado o abusado del poder. Pero, que él no era sus hijos, menos sus ministros. No se lo podía juzgar por actos cometidos por otras personas, así fueran sus parientes más íntimos o sus amigos políticos.

Ninguno de esos tres alegatos ha sido suscrito por el abogado de Alberto Fujimori, doctor César Nakazaki. Por el contrario, él ha tenido que aceptar la legalidad del proceso, sin cuestionar en ningún momento la idoneidad del Tribunal presidido por César San Martín. Ha tenido que hacerlo porque el Poder Judicial peruano ha cumplido estrictamente el debido proceso. Al aceptar al Tribunal durante el juicio, ahora Nakazaki no puede cuestionar el resultado. Puede apelar, pero no argumentar contra la legalidad del proceso.

En segundo lugar, Nakazaki no puede alegar la pobreza de su defendido. Por el contrario, sobran las evidencias de su fortuna personal. Por ejemplo, después que salió de su confortable refugio japonés, fletó un avión para viajar a Chile, vivió como un rey en ese país, habiendo fijado residencia en el barrio más retirado y aristocrático de Santiago. A ello se suma una larga cadena de evidencias de recursos económicos en poder del ex presidente Fujimori.

Por último, no ha zanjado con otras personas. Por el contrario, ni mencionó a Vladimiro Montesinos ni a Nicolás Hermoza. Con su silencio cargó con el pasivo de ambos personajes. Ellos son quienes en realidad organizaron las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta, por las cuales Fujimori ha sido sentenciado. Calla porque si los condenara, entonces ellos también hablarían y parecen disponer de muchas evidencias que lo hundirían definitivamente. Por otro lado, en su alegato final, Fujimori consagró a dos de sus hijos como herederos políticos y se ha jugado por un movimiento político que deja en herencia.

Esas tres razones hacen que el juicio a Fujimori posiblemente quedé registrado en la historia como un suceso capital. No será olvidado como sucedió con Leguía. Por el contrario, la condena a Fujimori es una sanción ejemplar que ha de modelar la historia peruana a futuro. Hay aun herederos que habrán de combatir, un dinero público por el cual responder en un próximo juicio y una condena ejemplar por Derechos Humanos en el juicio más pulcro de la historia patria.

El poder político ha perdido impunidad. A partir de ahora, los gobernantes saben que pueden terminar de esa misma manera. Por ello, tendrán que andar con cuidado y cumplir la ley. Es lo mejor que podría pasarle al Perú: que el poder se resigne a regirse por las normas que lo igualan al resto de la ciudadanía.

*Este artículo se publica bajo el Convenio Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Japanese American National Museum, Proyecto Discover Nikkei.

© 2009 Antonio Zapata Velasco